La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ha dado a conocer las reformas laborales contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea para la concesión de las ayudas europeas.
El bloque de reformas laborales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está incluido en el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» y consta de hasta 11 reformas y 7 inversiones, para las que se movilizarán 2.363 millones de euros que, según palabras de la ministra de Trabajo, “revolucionarán el mercado de trabajo para adaptarlo al Siglo XXI”.
Las 11 reformas laborales comprendidas en el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia son las siguientes:
- Regulación del trabajo a distancia: En este sentido la Ley del Teletrabajo aprobada el pasado año es la base sobre la que se trabajará en los próximos meses.
- Medidas para eliminar la brecha de género: La obligatoriedad de un registro salarial, de implantar un Plan de Igualdad y la auditoría retributiva son algunas de las medidas que el Gobierno ya ha tomado en esta materia.
- Regulación del trabajo de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales: Materializado en la nueva Ley Riders que hoy mismo ha sido aprobada por el Consejo de Ministros.
- Simplificación de contratos: Generalización del contrato indefinido, causalidad de la contratación temporal.
- Modernización de políticas activas de empleo.
- Establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna, estabilidad en el empleo y recualificación de trabajadores en transición: En este sentido ya se está trabajando en la figura del ERTE Estructural.
- Revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral: En este aspecto, el Ministerio de Trabajo aboga por obligar a las empresas y profesionales que se beneficien de incentivos fiscales por contratación a no despedir durante un determinado periodo de tiempo. Así podrían establecerse índices dirigidos a establecer prioridades entre las personas y las empresas beneficiarias que se basaran en el compromiso con su empleabilidad de las personas y en el compromiso con la estabilidad esencial de sus plantillas en el caso de las empresas.
- Modernización de la negociación colectiva.
- Modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales.
- Simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo.
- Renovación y digitalización del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).
A estas reformas hay que sumarle la derogación parcial de la reforma laboral de 2012 que también está en la agenda del Ministerio de Trabajo y sobre la que ya se han tenido varias reuniones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales.
Todas estas reformas se pretenden acometer antes de que finalice el próximo año 2022 y si bien algunas están ya muy avanzadas (como la Ley Riders o la Ley del Teletrabajo, por ejemplo), hay otras como las bonificaciones a contratación indefinida que aún no están siendo estudiadas.
